Crónica de un ecocidio

Inspirada en hechos reales

Crónica de un Ecocidio

Ubicada a poco más de 1400 km al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia del Chubut, la Reserva Natural Protegida de Punta Tombo es el hábitat que alberga una de las colonias más importantes de pingüinos de Magallanes, uno de los espectáculos naturales más importantes del planeta. Forma parte de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, que fue declarado por la UNESCO como valor único.

La reserva está ubicada en una gran área de la estepa patagónica que se extiende a lo largo del borde costero del océano atlántico, a poco más de 100 km de la ciudad de Rawson, capital de la provincia.

Fue en ese escenario donde llegaron Milo y Rita, una pareja de periodistas y fotógrafos cordobeses especializados en temas ambientales. Son corresponsales de National Geographic, y además, ambos integraban la “Fundación Mamíferos Acuáticos”, una de las organizaciones dedicadas a la conservación de animales marinos más importantes de Sudamérica. La institución brasileña, con sede en São Sebastião, en el litoral paulista, una región costera que alberga a Ilha Bela, cuna de los avistajes de ballenas jorobadas más importantes de América Latina. Su viaje a Punta Tombo tenía como objetivo registrar imágenes del nacimiento de los pichones de pingüinos de Magallanes para la realización de un documental.

Milo y Rita son fotógrafos especializados en turismo de naturaleza. Habían llegado a la región en un momento dramático, convirtiéndose en testigos de una de las mayores masacres ambientales que se recuerden. El pingüino de Magallanes anida en terrenos blandos cercanos a la costa. Durante la temporada reproductiva, la pareja se va alternando en el cuidado de los huevos, y más tarde, de los pichones que ya nacieron, mientras uno de los dos sale al mar en busca de alimento. Esa dinámica, esencial para la supervivencia de la colonia, quedó brutalmente interrumpida por lo sucedido en Punta Tombo.

«No puedo creer que esto esté pasando, jamás me imaginé algo así. Definitivamente, el desprecio que el ser humano tiene por la naturaleza no tiene límites», dijo Rita profundamente angustiada por la matanza de pingüinos.

Quien alguna vez visitó Punta Tombo sabe que allí existen pasarelas y diferentes senderos especialmente diseñados para mantener una distancia segura entre las personas y los animales. Desde el primer momento queda claro que uno llega a la casa de los pingüinos. Los guarda faunas controlan rigurosamente que los visitantes respeten las normas estipuladas, mientras que los habitantes de la zona saben de la importancia de denunciar cualquier conducta que pueda poner en riesgo a la colonia.

Sin embargo, en el año 2021, ocurrió un hecho que nadie imaginaba. A partir de una denuncia presentada ante el Ministerio de Áreas Protegidas de la provincia, se inició una investigación que derivó en el allanamiento de un establecimiento rural. Allí se descubrió que un empresario había usurpado ilegalmente un predio de varias hectáreas lindantes a la reserva natural para destinarla a la cría de ganado vacuno. El mismo alambrado que levantó sobre esos terrenos, obstaculizó la libre circulación de los pingüinos adultos. Cada día, mientras uno de los integrantes de la pareja permanecía en el nido al resguardo de los huevos y pichones, el otro debía atravesar ese sector para llegar al mar en busca de alimento. Lo que durante siglos había sido un trayecto natural quedó abruptamente interrumpido por una barrera impuesta por el ser humano.

En el predio se instaló un alambrado electrificado con energía solar. Durante los meses que demandó su tendido, una retroexcavadora avanzó sobre la colonia de pingüinos. El resultado fue devastador: se aplastaron, compactaron y destruyeron 146 nidos durante la temporada reproductiva de la especie, se desmontaron más de 2.000 metros de vegetación nativa y murieron cientos de pichones.

Rita y Milo observaron aquella escena con una mezcla de incredulidad e impotencia. No podían creer que la colonial continental de pingüinos de Magallanes más importante del planeta estuviera siendo víctima, una vez más, de un desastre ambiental provocado por el ser humano. Lo que tenían delante de sus ojos era la evidencia de cómo una decisión humana podía alterar, durante meses, un equilibrio natural construido durante siglos.

No podían abandonar Chubut sin saber qué sucedería con la investigación. El proceso judicial se extendió durante más de tres años, y la justicia los convocó en carácter de testigos debido a su experiencia como fotógrafos especializados en temas naturales. Su conocimiento sobre fauna marina y el registro fotográfico que habían realizado resultaban fundamentales para reconstruir lo sucedido. Durante ese tiempo continuaron recorriendo la patagonia, trabajando en un documental sobre la naturaleza de la región.

Cada vez que la justicia requería su colaboración, volvían a Chubut para aportar su testimonio, convencidos de que documentar lo sucedido también era una manera de proteger aquello que tantas veces habían fotografiado.

La justicia avanzó bajo las figuras de daño ambiental agravado sobre el ecosistema, crueldad animal y violación de la ley de fauna. Finalmente, se dictó la sentencia a mediados de noviembre de 2024, y el empresario ganadero fue declarado culpable de daño ambiental agravado y de crueldad animal en relación a la destrucción de los nidos. Sin embargo, no fue condenado por la muerte de los pingüinos. Por no haber cámaras en el lugar, no pudo probarse que la crueldad animal fue también ejercida sobre los pingüinos —pichones y adultos—, debido a que no existían pruebas directas que permitieran acreditarlo. La fiscal dio su postura asegurando que pedirá cuatro años de prisión. La provincia valora mucho el compromiso de la fiscal chubutense con su profesión y con la defensa de los animales y del medioambiente.

A raíz de este caso, todos los pingüinos de Punta Tombo comenzaron a ser monitoreados mediante un sistema de identificación que facilita el seguimiento de la colonia y permite fortalecer las investigaciones ante futuros hechos de violencia contra la fauna. Nada devolverá las vidas que se perdieron ni reparará un daño ambiental cuyas consecuencias tardarán décadas en revertirse. Sin embargo, este caso dejó una enseñanza importante: el ecocidio no quedó impune. La condena representa un antecedente judicial de enorme valor para la protección del Patrimonio Natural de Chubut y de toda la Argentina. Como chubutenses, tenemos la responsabilidad de comprometernos con la defensa del ambiente, de nuestra fauna y de los valores de la sustentabilidad que distinguen a esta provincia. Pero ese compromiso no puede limitarse a la conciencia individual, también implica denunciar cuando la naturaleza es agredida. Chubut no debe permitir que un ecocidio vuelva a repetirse.